Santiago, 28 de julio de 2026. La necesidad de acelerar el desarrollo de nueva infraestructura penitenciaria, incorporar tecnología y mejorar la coordinación entre el sector público y privado marcó el conversatorio “Concesiones Penitenciarias: infraestructura, seguridad y colaboración público-privada”, realizado en las oficinas de Guerrero Olivos.
En la actividad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat junto al subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, expusieron sobre los avances del Plan de Infraestructura Penitenciaria y la cartera de concesiones asociada, que considera una inversión estimada de UF 63.286.474, cinco nuevos establecimientos y proyectos de ampliación o relicitación de recintos existentes.
Durante el encuentro se abordó la problemática actual: la sobrepoblación carcelaria, el déficit de plazas y la necesidad de mejorar la infraestructura existente para permitir una adecuada segmentación de las personas privadas de libertad.
El ministro Fernando Rabat destacó la urgencia de fortalecer la seguridad mediante el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura penitenciaria bajo el sistema de concesiones. Asimismo, relevó el convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e InvestChile para promover esta cartera entre inversionistas nacionales e internacionales, y señaló que los nuevos proyectos contemplarán diseños estandarizados, construcción industrializada y mayores estándares en salud, alimentación, mantención y reinserción social.
El subsecretario Nicolás Balmaceda explicó que el modelo considera contratos por 20 años, mecanismos de fiscalización e incentivos para reducir los plazos de construcción, junto con diseños estandarizados y una incorporación progresiva de construcción industrializada. Además, detalló
la cartera de proyectos, que contempla nuevos centros en Calama, Calama II “El Desierto”, Talca II “Maule”, Los Ángeles y Arica y Parinacota, además de ampliaciones y relicitaciones en otros recintos.
La autoridad del MOP señaló que “el desafío no es solo definir una cartera ambiciosa, sino resolver cómo avanzar con rapidez y cómo incorporar tecnología en contratos de largo plazo. Ambas preguntas requieren coordinación pública, una adecuada distribución de riesgos y espacio para la innovación privada”.
Por su parte, Diego Savino, primer vicepresidente de COPSA, llamó a fortalecer la colaboración entre el sector público y privado para mejorar los procesos y acelerar la ejecución de la cartera.
Los organizadores coincidieron en que el desafío no consiste únicamente en aumentar el número de plazas, sino también en desarrollar establecimientos con mejores condiciones de seguridad, operación y reinserción social.
